Hacia el estado laico

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Pedro José Martínez García. Abogado.
HACIA EL ESTADO LAICO

La necesidad de liquidar el nacionalcatolicismo

El objeto de este artículo consiste en intentar contribuir a determinar cuál es exactamente nuestro modelo de estado en lo referente a la concepción de sus relaciones con las diferentes religiones, para acabar proponiendo otro que, desde una óptica puramente laicista, sea más acorde con unos postulados propios del siglo XXI.

Si tomamos en consideración que somos la síntesis del devenir histórico, esto es, herederos de nuestro pasado, conviene, en primer lugar, hacer referencia a ese pasado, que nos explicará en buena medida por qué somos lo que somos y no otra cosa.

España, país en el que no triunfó en absoluto la reforma protestante del siglo XVI, ha sido tradicionalmente un estado confesional, que como tal ha considerado que una determinada creencia religiosa, la católica, es la única verdadera, la ha asumido como propia y la ha protegido.

Partiendo este análisis desde el siglo XIX, no deja de sorprender que nuestra primera constitución, la de 19 de marzo de 1812, la popularmente conocida como La Pepa, fruto de políticos en su mayoría liberales, aunque con la inestimable colaboración de absolutistas, aun pretendiendo ser, en cierto modo, rompedora con el sistema anterior, comenzara con este preámbulo: En el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad, las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación Española decretan la presente Constitución. En lógica consecuencia, su artículo 12 rezaba, y nunca mejor dicho, lo siguiente: La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra. Sin necesidad de caer en la exhaustividad en el estudio de todos nuestros textos constitucionales hasta el año 1931, puede decirse que, con mayor o menor intensidad, el espíritu de lo transcrito es el que, en esta materia, ha regido las relaciones del Estado español con la Iglesia católica, excepción hecha del llamado Sexenio Democrático, que abarcó el período 1868 a 1874, esto es, el gobierno provisional, la regencia del general Serrano, el reinado de Amadeo I de Saboya y la I República, y en el que se produjo, por primera vez, la separación entre la Iglesia y el Estado aunque, según el artículo 21 de la Constitución de 1 de julio de 1869, La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica. La Constitución de 1931 supuso, sin lugar a duda alguna, una auténtica revolución. Su escueto artículo 3 decía: El Estado español no tiene religión oficial. A modo de desarrollo, la Ley de Congregaciones de 1933 llegó incluso a nacionalizar los bienes muebles e inmuebles de la Iglesia católica destinados al culto. En la muy católica España nada de extraño debe resultar que, a la sublevación de corte fascista de 1936, que contó con el apoyo explícito y hasta entusiasta de la Iglesia católica, se le diera la consideración de “cruzada”, buscando así el apoyo o la adhesión de muchos españoles que, aun perteneciendo a clases y sectores populares, mantenían incólumes sus creencias religiosas y no habían asumido que su iglesia no fuera respetada y protegida por el estado, tal y como históricamente había venido sucediendo. El triunfo de lo que los vencedores habían denominado “Glorioso Alzamiento Nacional” necesariamente debía conllevar una vuelta al más perfecto maridaje de la Iglesia y el Estado. Y así fue: el Fuero de los Españoles proclamaba en su preámbulo que: … la Doctrina de la Iglesia habrá de inspirar nuestra legislación. Su artículo sexto era del siguiente tenor literal: La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. Hemos llegado a nuestros días y es indiscutible que el panorama ha cambiado. El artículo 16 de nuestra Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y según su apartado tercero, Ninguna confesión tendrá carácter estatal; pero añade: Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

¿Qué modelo de estado queda definido a la luz del análisis del texto constitucional? Era este el primer objeto de este artículo. Para mejor discernirlo deben hacerse algunas consideraciones sobre nuestro pasado próximo y, más en concreto, sobre por qué, para qué, cómo y quiénes desmontaron el aparato de la dictadura franquista para dar cabida a nuestro actual ordenamiento político y jurídico. Reflexionando sobre esta cuestión, ciertamente se echa en falta un análisis sobre la cuestión al estilo, por ejemplo, de lo que plasmó en su obra Así cayó Alfonso XIII el que fuera ministro de la Gobernación de la II República, D. Miguel Maura. Y es que por qué, para qué, cómo y quiénes protagonizaron el paso histórico determinará el contenido de su obra. Y en lo que respecta a este trabajo, qué grado de independencia, tras los precedentes históricos, tiene nuestro estado y, en consecuencia, nuestra sociedad, respecto de las confesiones religiosas y, especialmente y por su peso en España, la Iglesia católica. No es el momento, claro está, de hacer ahora ese difícil, aunque necesario y pendiente todavía, análisis de la transición; pero sí puede ayudar a despejar la incógnita la toma en consideración de algunas circunstancias. En España no se produjo una ruptura con el sistema anterior, como en el año 1931, sino una reforma, si bien, evidentemente, supuso mucho más que una simple remoción de fachada, que algunos han dado en llamar ruptura pactada. Este era el dilema, tras la muerte de Franco, sobre el porvenir político español. La izquierda apoyaba, como es lógico, la idea rupturista, pero no triunfó, al menos plenamente. Y no debe olvidarse otra circunstancia: sin entrar a valorar la importancia que pudo tener la lucha antifascista durante la dictadura, lo cierto es que, en el desmontaje de su aparato, tuvieron especial protagonismo relevantes próceres del régimen. Citemos sólo a dos: el Príncipe de Asturias, luego rey de España y ahora rey emérito, nombrado sucesor de Franco por las Cortes Españolas en julio de 1969; Adolfo Suárez: fue el primer presidente del Gobierno español en democracia, pero había sido nombrado, en 1975, Ministro Secretario General del Movimiento o, lo que es lo mismo, el jefe del partido único sobre el que se asentó la dictadura fascista, es decir, el estado nacionalcatólico. Y antes había sido procurador en Cortes, gobernador civil y director general de Radio Televisión Española. Y tantos otros, muchos no tanto por convicciones democráticas, sino por su certeza de que el régimen estaba totalmente agotado y obsoleto. Dicho lo anterior, para determinar el objeto primero de este estudio se hace imprescindible acudir al texto ya transcrito del artículo 16.-3 de la Constitución que exige a los poderes públicos que tengan en cuenta las creencias religiosas de nuestra sociedad y que cooperen con la Iglesia católica y con las demás confesiones, destacando expresamente a la Iglesia y dejando en un segundo plano a las “demás confesiones”. La ambigüedad del texto fue el fruto del consenso entre derechas e izquierdas, que inicialmente mantenían posturas muy distanciadas. La redacción del precepto tiene un gran inconveniente: esa ambigüedad da lugar a que las relaciones con las confesiones religiosas y, en especial, con la Iglesia católica, puedan ser de muy diverso contenido, dependiendo del legislador de turno, que lo será, obviamente, quien en cada momento tenga la mayoría suficiente en ambas cámaras legislativas y, en especial, en el Congreso de los Diputados, bien por sí mismo, bien por los apoyos de otros partidos. En cambio, tal situación, y por la contundencia del mandato constitucional, no era posible, por ejemplo, en la II República. Y dicho lo anterior, es momento de examinar cuál ha sido el desarrollo legislativo del artículo 16.-3 de nuestra Constitución. En primer lugar, debemos acudir a la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de aquel año, de Libertad Religiosa, que se dictó en desarrollo del precepto constitucional. No se va a hacer un exhaustivo análisis de ella, pero sí, al menos, debe transcribirse su artículo 7.-1, que dice: El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España. Indudablemente, le viene a la Iglesia católica como anillo al dedo. ¿Qué confesión, hoy por hoy, tiene notorio arraigo en España?

Actualmente existen seis acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede: uno, de 28 de julio de 1976; cuatro de 3 de enero de 1979; y uno de 1994. No es el momento ahora, sobre todo por razones de espacio, de entrar en el estudio pormenorizado del contenido de tales acuerdos, que tienen el carácter y naturaleza jurídica de tratados internacionales; pero tampoco se debe obviar la cuestión. Por ello se someterá a dos de ellos, suscritos en la indicada fecha de 3 de enero de 1979, a un breve análisis que resultará muy esclarecedor para despejar la presente cuestión.

El primero será el acuerdo con la Santa Sede sobre asuntos económicos. Según este acuerdo, en su artículo II El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico. Y bien que la ayuda, pues según el artículo IV todas las instituciones de la Iglesia tienen derecho a la exención total de la entonces Contribución Territorial Urbana (ahora Impuesto sobre Bienes Inmuebles), así como de los Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y Transmisiones Patrimoniales, y también de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia. Asimismo, el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La disposición adicional vigésimo novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 dispone que durante este ejercicio el Estado entregará a la Iglesia católica la cantidad mensual nada despreciable de 13.266.216,12 euros a cuenta de la recaudación del 0,7% del IRPF que los contribuyentes quieran destinar a tal fin, practicándose posteriormente la liquidación definitiva.

El otro acuerdo, también de 3 de enero de 1979, versa sobre enseñanza y asuntos culturales. Debe destacarse que, en virtud de este tratado, el Estado español está obligado a ofrecer formación religiosa católica a todo aquel alumno que la demande, así como a pagar a los profesores que impartan la asignatura. La Iglesia católica se reserva el derecho de proponer al profesorado, previa la expedición de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad respecto de cada uno de ellos, así como para apartarlos (despedirlos) de sus puestos de trabajo. Y es en este punto donde cobra singular importancia la sentencia del Tribunal Constitucional dictada el 15 de febrero de 2007. El Tribunal resolvió, mediante esta sentencia, una cuestión de inconstitucionalidad que había planteado la Sección Primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (que, por cierto, tuvo entrada en el registro del T.C. el 5 de agosto de 2002, lo que indica que se tardó en resolver cuatro años y medio). Según su fundamento de derecho sexto, las dudas que se planteaban al tribunal canario sobre inconstitucionalidad de ciertos aspectos en materia de contratación de profesores de religión eran las siguientes: a) Si la contratación por las administraciones educativas, que de por sí constituyen empleo público, encaja constitucionalmente con las prerrogativas de proposición y cese del obispado y b) y si encaja con derechos fundamentales de la persona los de mantenimiento en el empleo con base en criterios de índole religiosa o confesional. Según el fallo de la sentencia, la actual situación es acorde con las actuales previsiones constitucionales. Conviene destacar el siguiente pasaje, contenido en el fundamento de derecho 10: El que el objeto de la enseñanza religiosa lo constituya la transmisión no sólo de unos conocimientos sino de la fe religiosa de quien la transmite, puede, con toda probabilidad, implicar un conjunto de exigencias (…) comenzando por la implícita de que quien pretenda transmitir la fe religiosa profese él mismo dicha fe.

No se pretende ahora llevar a cabo un estudio de la cuestión, ni de la sentencia, pero sí debe resaltarse una cosa: el Tribunal Constitucional no legisla; controla si la norma es acorde con las previsiones constitucionales, y lo malo es que esta sentencia, perfectamente fundamentada por la entonces presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, es correcta. ¿Qué es entonces lo que falla? Con toda probabilidad, las previsiones constitucionales. Y a mi juicio fallan, porque el estado, que es aconfesional, lo que está permitiendo y financiando no es el estudio científico de la religión, sino su adoctrinamiento, que es cosa distinta. Pero claro, como los poderes públicos, el Estado aconfesional, contradictoriamente con tal naturaleza, tienen que cooperar con la Iglesia católica…

A la vista de lo expuesto, la pregunta obligada es qué tipo, qué modelo de estado es el español, en relación con la cuestión que nos ocupa. Recordemos que el artículo 16.-3 de la Constitución proclama que ninguna confesión tendrá carácter estatal, pero se obliga a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones, así como a tener en cuenta las creencias religiosas de nuestra sociedad.

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 18 de julio de 2002, aunque sin abordar directamente la cuestión, dijo que el texto constitucional introduce de este modo una idea de aconfesionalidad o laicidad positiva. Ciertamente, poco aclara. El pleno del mismo Tribunal había dictado otra sentencia el 15 de febrero de 2001, con voto particular que emitió uno de sus magistrados, Manuel Jiménez de Parga. Y decía en este voto: No se instaura un Estado laico, en el sentido francés de la expresión; y añadió: pero no se instauró en 1978 un estado confesional. ¿Qué se instauró entonces? Veamos: un estado laico es aquél que es independiente de cualquier organización o confesión religiosa; el estado aconfesional equivale a un estado no adscrito a confesión o ideología religiosa alguna. ¿Existe, en realidad, una verdadera independencia entre el Estado español y las confesiones religiosas, especialmente la Iglesia católica? Parece evidente que no. ¿Es admisible entonces decir con razón que España es un estado laico? Más exactamente deberá decirse que es un estado aconfesional.

Para finalizar, entremos en la segunda parte de los que constituye el objeto de este estudio con la siguiente pregunta: ¿es necesario realizar alguna reforma legislativa para que nuestro estado alcance, con toda propiedad, la calificación de laico? Sí, habría que hacer dos cosas: a) sustituir el artículo 16 de la Constitución por otro texto en el que se proclame la total separación del estado de las confesiones religiosas, recogiendo expresamente que no tiene religión oficial y suprimiendo toda referencia a relaciones de cooperación con ellas; b) en lógica consecuencia, deberá cancelar todos los compromisos adquiridos con las confesiones, en especial con la Iglesia católica, y que, hoy por hoy, se concretan en los tratados a los que antes se hizo alusión. De esta manera se alcanzaría un estatus similar o igual al del estado francés, modelo perfecto de laicismo desde su ley ad hoc de 1905. Por eso, el artículo 1 de su Constitución proclama que ese estado es una República laica. Eso es lo que necesitamos nosotros, y por eso se hace imprescindible, como se decía anteriormente, modificar el artículo 16 de la nuestra.

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Fdo.: Pedro José Martínez García

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